Resumen: Desestimación de recurso de casacion contra sentencia que considera embargable, con el límite establecido en el art. 607 LEC, las ayudas concedidas en ejecución de la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril. Interpreta el artículo 23 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en relación con lo dispuesto en el artículo 2.1 b) y c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el sentido de que no se opone a que aquellas ayudas o subvenciones públicas, de las que resulten beneficiarios trabajadores por cuenta ajena sometidos a expedientes de regulación temporal de empleo o trabajadores autónomos, que tenga como finalidad subvenir a situaciones de emergencia social (como las contempladas en la Ley de Cantabria 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19), gocen de la prerrogativa de inembargabilidad parcial frente a deudas contraídas con la Tesorería General de la Seguridad Social, al resultar aplicable el límite establecido en el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Resumen: Reclamada por la actora las rentas devengadas hasta el momento en que las partes con la entrega de llaves resolvieron el contrato de arrendamiento de vivienda, la demandada invoca la aplicación de la doctrina rebus sic stantibus a tenor de las medidas adoptadas con ocasión de la epidemia COVID-19.La decisión del Juzgado de entender que la resolución era con efectos retroactivos soportada en aplicar la regla de la fictia confessio por no comparecer al acto del juicio el representante de la demandante no es correcta dado que está en clara contradicción con el resto de la prueba practicada e incluso con las alegaciones de la parte demandada. Al caso no resulta de aplicación la rebus sic stantibus porque el contrato se concierta en plena pandemia, conocían las partes su situación y podían prever la continuidad de las medidas adoptadas mas cuando contemplaron la posibilidad de la mala evolución de la pandemia.
Resumen: El demandante era arrendatario de un local destinado a peluquería en un edificio de Carrefour mediante contrato celebrado con esta el 22 de marzo de 2018 por una renta de 1.075 euros al mes. Como consecuencia de la pandemia, y aunque el arrendador condonó al arrendatario el 50 por ciento de las rentas desde el 1 de agosto a 31 de diciembre de 2021, el arrendatario, que tenia prohibido en el contrato el traspaso y el subarriendo, cedió a la demandada el negocio de la peluquería mientras tramitaba con Carrefour un posible nuevo contrato de arrendamiento. Ambas partes litigantes formalizaron un contrato de traspaso el 15 de octubre de 2021 por importe de 25.000 euros, de los que la demandada abonó 10.000 euros, lo que sirvió al actor para ponerse al día con Carrefour de las rentas pendientes. Sin embargo, la demandada dejó de abonar el resto del precio del traspaso, que Carrefour finalmente autorizó el 29 de junio de 2022. En la demanda se reclama a la demandada el pago del resto del precio del traspaso y la demandada reconviene pidiendo la nulidad del contrato por haberse realizado sin el consentimiento del arrendador. El Juzgado desestima la demanda y estima la reconvención. Sin embargo la Audiencia hace justo lo contrario porque la autorización posterior del arrendador al traspaso realizado de forma unilateral por el arrendatario convalida la posible nulidad.
